Finalmente se abrió una tregua de 90 dìas y se levantó el paro que inmovilizó durante dos semanas el puerto de Mar del Plata

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Las cámaras empresarías habían solicitado la intervención gubernamental. Tras el entendimiento las operaciones comenzaron a normalizarse gradualmente
  
Luego de dos semanas de paro, el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) seccional Mar del Plata, con el apoyo de la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) conducida por Juan Corvalán, resolvió el  domingo (06 may 2012) el levantamiento de la medida de fuerza que bloqueaba las terminales pesqueras marplatenses. El acuerdo fue logrado únicamente con el voto de los  jubilados que imposibilitaban las operaciones en la terminal en demanda de ser reconocidos para poder jubilarse. Se abrió una tregua de 90 días para que el ministerio de Trabajo implemente una solución.  
Un informe de la consultora Diego Serrano & Asociados, que atiende las comunicaciones del sindicato, reprodujo declaraciones de Corvalán al anunciar el acuerdo.

UNU“Acá se rompió cualquier confianza de los jubilados con los funcionarios nacionales y políticos locales. Nosotros logramos construir ese puente de confianza que establece que se tomará los 52 años para jubilarse, se tendrá un parámetro de tres jubilaciones mínimas para cada estibador y el compromiso de que en 90 días empezarían a salir las primeras jubilaciones. Si vuelven a romper el acuerdo el paro se retomaría con una mayor crudeza”, indicó Corvalán, quien adelantó que mañana se llevará a las 17 horas la primera reunión en Alem 650 con los funcionarios nacionales de la cartera laboral.

 

El reclamo era por la aplicación del decreto de “reparación histórica” que brinda derechos y beneficios a los jubilados de la actividad y que en la actualidad solo regía para los trabajadores del SUPA Capital Federal, puerto del cual es referente Corvalán.

 

 “La verdad es que este conflicto se pudo haber evitado, teníamos el compromiso del ministro Carlos Tomada desde el 2009 pero jamás lo aplicó. Luego la viceministra Noemí Rial, manejó mal los tiempos y las negociaciones para concretar las jubilaciones, subestimando a los estibadores en su reclamo lo que generó la protesta”, indicó Juan Carlos Ferreyra, referente del SUPA local.

 

Ayer ambos sindicalistas, representantes de los jubilados, el intendente de Mar del Plata, funcionarios gubernamentales, y empresarios de la actividad pesquera sellaron el acuerdo  en la cartera laboral nacional y que hoy aprobó la asamblea luego de amplio debate. “Acá destacamos la unidad, solidaridad y lucha de los trabajadores activos del puerto de Mar del Plata en defensa de sus jubilados durante estos once días”, agregó Corvalán.

 

“Las perdidas económicas por el paro no las quiere nadie, pero fueron productos de la intransigencia de los funcionarios nacionales a la hora de tratar tan delicado conflicto que arrastra varios años y que involucra a más de 240 jubilados, de los cuales muchos ya murieron”, argumentó Ferreyra y declaró que “recuperamos un reclamo histórico, hasta ahora  a la hora de jubilarse era  todo sumamente injusto y cruel. Llevamos adelante este reclamo desde 2009 y decimos decir basta. El problema es que seguimos trabajando bajo el decreto 817 del menemismo, que desreguló la actividad echando por tierra todos los beneficios y las mínimas garantías que un trabajador debería tener culminada su vida laboral. Esperamos que ahora se cumpla lo acordado sino retomaremos las acciones luego de este lapso de 90 días”, disparó.

 

Desde el sindicato marplatense del SUPA informaron que son 240 los estibadores en edad de jubilarse en Mar del Plata, de los cuales la mitad no podrá hacerlo por falta de aportes y a la otra mitad, alrededor de 120 estibadores recibieron como oferta la jubilación mínima, lo que representa casi tres veces menos de lo que les correspondería percibir según el decreto de “reparación histórica” creado en 2009 por Néstor Kirchner.

 

La medida que involucró a toda la actividad portuaria en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, dejó paralizadas también durante once días a las actividades de contenedores, productos congelados y frescos generando perdidas millonarias para el sector.

 

 

 
 
 
 
 
   La solicitud fue presentada por el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) y la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA) en la Casa de Gobierno de La Plata para que el gobierno provincial actúe frente a las medidas de fuerza propuestas por sindicatos de estibadores portuarios (del SUPA) que inmovilizó en los barcos cerca de 100 mil cajones con pescado.
   Por ello las cámaras marplatenses CEPA Y CAIPA solicitaron la mediación de Scioli "frente a la imposibilidad de desarrollar actividades productivas y de comercialización" en el área portuaria de esta ciudad., según lo consignó un despacho de la agencia Diarios y Noticias (DyN).
   El conflicto comenzó con la decisión de los estibadores del SUPA de obtener una "solución definitiva" a través de la acción gremial para forzar avances en su pedidos de jubilación para aquellos trabajadores con más de 25 años de servicio, y que cuentan con más de 60 años de edad.
   El gremio reclama el cumplimiento de un acuerdo cerrado a fines de setiembre pasado con las autoridades nacionales para dar solución a un total de 220 trámites jubilatorios que son analizados por la ANSES.
   La medida de fuerza podría destrabarse a instancias de la ronda de reuniones y contactos que representantes gremiales mantienen con las autoridades del Ministerio de Trabajo, a cargo de Carlos Tomada.
   Dichas entidades también le expresaron al mandatario provincial a través de una nota "las consecuencias" que tendrá el conflicto planteado por "un grupo de estibadores, y los efectos de la decisión del Sindicato de Camioneros de suspender la recolección de residuos pesqueros y de un boicot por parte del SOMU en contra de las exportaciones pesqueras".
   Más allá de mencionar las consecuencias económicas y financieras que plantea las acciones gremiales, ambas cámaras pesqueras explicó que "las acciones" propuestas por estibadores "provocaron que en los muelles permanezcan cuarenta buques conteniendo una totalidad de 100 mil cajones de pescado fresco, que conforman unas 3,3 millones de kilogramos".
   "Gran parte de ese pescado está perdido por la alteración de sus condiciones bromatológicas por lo que en algunos casos sólo servirá para producir harina", admitieron desde CEPA y CAIPA.
   Desde el sector empresario se indicó que el cierre de operaciones del puerto de Mar del Plata se originó "en una situación que no involucra a ninguna empresa pesquera" sino se plantea a partir de "una discusión" por jubilaciones, con la ANSES, el Ministerio de Trabajo y los gremios.
   Las empresas pesqueras indicaron que el conflicto se extendió por el término de ocho días y provocó "la pérdida de un altísimo porcentaje de cargas, para la cual las empresas han pagado combustible, gastos de operación de los barcos y mano de obra".
   En la nota remitida a Scioli, los armadores indicaron que "por problemas de relación laboral entre una empresa productora de harina Moliendas del Sur y el Sindicato de Camioneros, éste dispuso desde hace ya nueve días la no recolección de los recortes del proceso de fileteado y congelado del pescado, lo cual genera una acumulación de estos (desechos) en las plantas productoras produciendo un potencial, foco de contaminación orgánica en toda la zona".
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