El Gobierno enfrenta a Monsanto y garantiza que los barcos podrán cargar soja

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Hoy entró en vigencia la resolución 140 que emitió el Ministerio de Agroindustria el pasado miércoles por la cual prohíbe todo tipo de análisis que se utilice en el comercio de granos sin que tenga la “previa autorización”.

 

La medida pone en duda la cláusula que celebró Monsanto con los exportadores precisamente para detectar en el puerto la presencia o no de la soja RR 2, conocida comercialmente como Intacta, por la cual el productor debe pagar, si el test da positivo, u$s15 por tonelada.

Frente a esto, el Gobierno decidió denunciar a las multinacionales de granos que sigan no sólo insistiendo con la letra chica en los contratos sino también con las que siguen realizando los estudios. Es por eso que el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) enviaron una misiva a la cartera agroindustrial para saber si la semillera tiene “homologado” el método de control.

“Quién puede garantizar la confiabilidad de un sistema de análisis que no conocemos”, sentenció el ministro Ricardo Buryaile, dejando en claro su negativa a lo que quiere hacer Monsanto. El funcionario que dio las palabras de apertura en el Seminario Carne Argentina 2030, convocado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), no pudo escapar al debate que hay con la multinacional norteamericana donde volvió a hacer hincapié en que “la tecnología se tiene que pagar, pero tiene que haber libertad de comercio.

No hay forma que en la Argentina se obligue a firmar un contrato con el que no esté de acuerdo”. Frente a la queja de productores porque los exportadores siguen incluyendo la cláusula, manifestó que se abrirá “una línea de denuncias de violación a las reglas que hemos puesto”.

Es así que este diario pudo saber por fuentes de la exportación del envío de una carta para saber si el test de Monsanto está aprobado por Agroindustria, al cual le preguntó “cuál es el método válido para el control”. Pasa que las empresas de granos necesitan del certificado que emite la semillera para que su carga ingrese a China. Es ahí donde el Ejecutivo busca cerrar directamente con el gigante asiático un acuerdo como una forma de adelantarse al freno de los buques como pasó en 2006.

En ese punto, Buryaile fue claro al advertir: “No se le puede poner a un gobierno una pistola en la cabeza a los cuatro meses de haber asumido”. El ministro tuvo el apoyo de todo el gabinete cuando relató el miércoles la odisea que lleva contra Monsanto, “porque entendieron la problemática”.

El espaldarazo de sus pares hizo que saliera “fortalecido”, relataron cerca de su entorno. Es por eso que ayer volvió a remarcar que “la resolución está y seguirá vigente” y defendió que todo deberá “hacerse en el marco de la ley”, porque si no “cada empresa que quiera cobrar un evento nos va a esperar en el puerto y la Argentina sería un caos”.

Al cierre de esta negociación las tratativas entre ambas partes era incesante, pero sin defi niciones. Agroindustria insistía en que “Argentina será la que ponga las reglas de la comercialización”, rechazando “todo tipo de cláusulas restrictivas a la libertad de comercio”.

 

Fuente: diariobae.com

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