Los bodegueros relativizan el subsidio otorgado para exportar por la falta de demanda

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El operativo que subvenciona hasta $ 1 por kilo de uva para vino exportable otorgado por el gobierno mendocino arrancó con bajo nivel de adhesiones.

Mientras la mayoría se inclina por desistir, sólo algunas bodegas empezaron a notificarse ayer del reglamento del operativo para subsidiar hasta $ 1 por kilo de uva destinada a vino de exportación, en Mendoza Fiduciaria, la sociedad anónima encargada de canalizar el dinero.

Y aunque el número de firmas adherentes al beneficio parece el secreto mejor guardado para el Ejecutivo provincial, entre los principales exportadores de blanco escurrido muchos dicen no; coinciden en que el efecto de la ayuda depende de contratos con los importadores, hoy inexistentes.

Si el operativo se mantiene tal cual se concibió, Montereal, uno de los principales exportadores a granel, parece la excepción: anticipa la colocación de hasta 10 millones de litros. De hecho, en la víspera, sus responsables ultimaban detalles con Mendoza Fiduciaria.

Pero la mayoría de los eventuales beneficiarios se aferran a un argumento: más allá del subsidio, el volumen a colocar está atado a la cotización de la moneda del destino, como el dólar canadiense, el euro y el rublo ruso.

“Hay que salir a cerrar operaciones sabiendo que habrá un peso por kilo, en función de lo que pase en el mundo y con los precios. Ojalá podamos ubicar 100 millones de litros, pero el resultado está supeditado a los competidores”, aseguró Juan José Canay, gerente de Relaciones Insitucionales de Peñaflor y titular de Bodegas de Argentina, a la espera de una reunión con la cúpula de la sociedad anónima que administra los fondos.

Si bien es uno de los grandes jugadores en el mercado del granel, con un potencial de entre 5 y 8 millones de litros en el exterior, Catena se automargina de la iniciativa, al menos por ahora. Según explicó Alejandro Vigil, responsable de producción por “falta de negocios en vista” que justifiquen su participación. “Hay excedentes, todos lo sabemos, pero no hay demanda”, añadió Vigil.

En la misma línea se mueve Fecovita. Para sus responsables, la estructura comercial le permite tener “calzados” sus volúmenes hasta la liberación del vino nuevo. Pero luego de reclamar primero $ 1,20 como mínimo, y ahora $ 1,40 para solventar costos logísticos y comerciales crecientes, la decisión parece inamovible.

“Si al peso de subsidio se le suma la paridad cambiaria y la devaluación del euro frente al dólar, que le aporta más competitividad a los europeos, con lo que hay no dan los precios para competir”, remarcó Juan Rodríguez, gerente general del establecimiento que exporta 12% y compra 25% de su vino al mercado local.

Por su parte, desde el Gobierno provincial contraatacan apuntándole a la especulación. Algo que, a juicio del director de Vitivinicultura, Daniel Gallardo, observan desde 2014.

“Pusimos en marcha tres operatorias y se adjudicó mucho, pero cuando el técnico iba a verificar nos encontramos con que era otro tipo de vino el que se había vendido o que finalmente desistieron. Son cosas que denotan un fuerte componente especulativo sobre una suba de los precios, por lo cual ahora vamos a esperar que aparezca el vino para subsidiarlo”.

¿Un subsidio "a medida"?
Para los exportadores que defienden a ultranza el pedido de un subsidio mayor, un ejemplo es Rusia, uno de los mayores compradores de graneles argentinos. Allí, actualmente, la ecuación no cierra con U$S 0,22 por litro puesto en el puerto de San Petersburgo como la cotización mínima para no tener que vender al costo, Argentina está varios peldaños abajo en la escala de competitividad de sus rivales, como España.

En esas condiciones, ¿puede moldearse un subsidio móvil, a medida del volumen comprometido o ajustado a un contrato importante? Es uno de los aspectos que Peñaflor se propone rediscutir con el Gobierno provincial.

Desde otros establecimientos, como Catena, ayer le daban carácter de trascendido emanado del ministerio de Agroindustria y, por lo tanto, sin confirmar. Al respecto, el director de Vitivinicultura se limitó a señalar que “es parte de la reglamentación que hay que terminar de definir”.

Pero no todo pasa por el dinero sino también por la manera de liquidarlo. Carlos Iannizotto, gerente de Acovi, también objetó la metodología de los desembolsos en un año de fuerte tenor político, por tratarse de “operaciones que con suerte estaremos realizando en 3 ó 5 meses. Recién ahí podremos abrir un expediente para demostrar lo exportado y cobrar. Es un procedimiento largo que nos genera desconfianza”.

Fuente: Los Andes (Mendoza)

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