Generalizado malestar por la iniciativa de Gabriel Mariotto de querer estatizar los puertos bonaerenses

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En su propósito de erigirse en candidato a gobernador en 2015 luego de atravesar una 
hipotética interna del oficialismo, el actual vicegobernador de la provincia de Buenos 
Aires, Gabriel Mariotto, anunció días pasados la próxima elaboración de un proyecto 
para estatizar los puertos provinciales, con cuyos presuntos ingresos pretende 
incrementar el apoyo a la educación pública, que causó estupor, malestar y hasta 
sorpresa por las evidentes inconsistencias e ignorancia que refleja el proyecto según 
observan operadores marítimos, sindicatos, productores agropecuarios, acopiadores
transportistas y empleados de los elevadores portuarios.  
Según la iniciativa de Mariotto, la estatización de los puertos provinciales aportaría
2.400 millones de dólares anuales, con los que busca financiar la educación y, según
manifestó, busca evitar la pérdida de 8.000 millones de dólares al año en gastos
de transporte marítimo y logística portuaria, asignar el 30 % a buques de bandera
nacional (“reserva de carga”) y atribuir el control de puertos y exportaciones a una
compañía conducida por el Banco Provincia. 
Sin embargo, la propuesta de Mariotto, anunciada pero aún en boceto, parece
desconocer algunas leyes y, al hacer cuentas, confunde facturación con ingresos, 
deslizaron en el sector. 
El anuncio de expropiación –implicará el pago por desconocer los términos de los 
plazos de las concesiones y las inversiones realizadas- que planteó el Vicegobernador
ignora que el dominio y la administración de los puertos de de Buenos Aires les 
fueron cedidas al Estado provincial por el Estado Nacional a través de una ley nacional
que prevé como condición que sociedades de derecho privado o entes públicos no 
estatales tengan a su cargo su administración. 
De ese modo, son manejados por consorcios donde están representados todos los 
interesados en la operatoria y la logística (sindicatos, agentes marítimos y sectores
productivos), y cuya Presidencia siempre está a cargo justamente del Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires. 
 Es decir que, para poder expropiar los puertos de Bahía Blanca y Quequén, se debería
modificar primero la denominada Ley de Puertos en el Congreso Nacional, en pleno
proceso proselitista rumbo al cambio de autoridades de 2015. 
Esa ley establece que es el Estado nacional la autoridad de aplicación y contralor de 
esos puertos, la que controla que los titulares de las habilitaciones portuarias cumplan
los proyectos constructivos y operativos, promueve la modernización, eficacia y 
economicidad de los puertos del Estado nacional, y estimula la inversión privada en la 
explotación y administración de los puertos, entre otras disposiciones. 
En ámbitos de la logística provocó desconcierto el desconocimiento del 
funcionamiento de los puertos que se desprende del proyectado paquete de leyes
anunciado por Mariotto, por ejemplo, en cuanto a los costos e ingresos de esas
terminales. De ese modo, los ingresos cubren esencialmente los costos fijos y 
variables de la operación, más la amortización de las inversiones realizadas, ya que
las terminales no son generadoras de grandes ganancias, sino más bien parte de la 
articulación logística que le posibilita a la Argentina competir con otros orígenes de 
forma eficiente. 
Aún más: en el artículo 12 de la ley nacional de puertos se especifica que, si hubiera
alguna ganancia, los consorcios que administran los puertos están obligados a 
reinvertir la totalidad en el mismo puerto. 
El régimen vigente establece que las empresas concesionadas para operar esas
terminales abonan un canon al Estado provincial. Adicionalmente, ya están
controladas por el Estado: sucede que la presidencia de los consorcios que administran
esos puertos corresponde al Estado provincial de acuerdo con la Ley Provincial Nº 
11.414 que instrumentó la transferencia de los puertos de Bahía Blanca y Quequén
establecida por la Ley Nacional Nº 24.093 de Actividades Portuarias o “Ley de 
Puertos”. El “control político, institucional y estratégico” ya lo tiene el Estado tanto
provincial como nacional, según una amplia variedad de regulaciones, normas y leyes
vigentes. 
Los costos de la operación son gastos que son cubiertos por las tarifas que se 
perciben, por un lado, por derechos de amarre, que abonan los armadores o empresas
propietarias de los buques, y, por otro lado, en concepto de alquiler de elevadores, 
depósitos y otras instalaciones, que pagan las distintas empresas involucradas en la 
exportación en calidad de clientes. 
De tal manera, los presuntos ingresos anuales de 2.400 millones de dólares, 
mencionados por Mariotto, corresponden al costo de la mercadería que es exportada, 
pero no son ingresos por el uso de los puertos. Así, si se pretendiera apropiarse
y dedicar esos fondos a algún otro destino, como la educación, significaría una
confiscación de las exportaciones argentinas, adquiridas ya por distintos destinos en el 
mundo. 
Asimismo, el anuncio de Mariotto propone realizar reserva de carga para buques de 
bandera nacional que no existen. 
En definitiva, en un contexto de estatización y expropiación de los puertos de la 
provincia de Buenos Aires, al gobierno provincial le resultaría muy difícil captar
inversión externa tanto para financiar su comercio exterior como para generar los 
polos de desarrollo agroindustrial a los que también aspira Mariotto en su proyecto. 
Y así las agroexportadoras abandonarían la provincia de Buenos Aires para concentrar
sus envíos al exterior desde otros puertos argentinos. 

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